A partir de la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024, México ha reforzado significativamente su régimen de consecuencias para actos relacionados con evasión fiscal y contrabando. Esta reforma —que amplía los supuestos de delitos fiscales considerados como graves— permite la prisión preventiva oficiosa, restringe los beneficios procesales y endurece los mecanismos de persecución penal para empresas y representantes legales involucrados.
Entre los delitos que más preocupan a las compañías exportadoras e importadoras destacan el contrabando y el uso de comprobantes fiscales digitales falsos (CFDI apócrifos). Si bien ambos pueden derivar de esquemas deliberados, también se configuran por errores operativos, omisiones en documentación, fallas en la trazabilidad o uso indebido de beneficios fiscales y aduaneros. Muchas veces, estos supuestos se detectan en procedimientos de fiscalización ordinarios.
El contrabando, según el Código Fiscal de la Federación (CFF), no solo se configura por introducir mercancía sin pagar contribuciones, sino también por errores en pedimentos, uso incorrecto de fracciones arancelarias, o documentación incompleta o inexistente. En muchos casos, el origen es una mala gestión administrativa o desconocimiento técnico.
El uso de CFDIs falsos o simulados, por su parte, se persigue penalmente cuando se demuestra que los comprobantes no acreditan operaciones reales, fueron generados por proveedores inexistentes o sirvieron para reducir indebidamente la base gravable. Estas situaciones surgen frecuentemente tras revisiones electrónicas o auditorías formales por parte del SAT.
Ambas conductas, con la entrada en vigor de la reforma de diciembre de 2024, pueden dar lugar a consecuencias graves:
- Procesos penales contra representantes legales, directores o socios.
- Embargos precautorios o bloqueo de cuentas bancarias.
- Cancelación de programas como IMMEX o Certificación de IVA e IEPS.
- Suspensión del padrón de importadores y exportadores.
- Daño reputacional, pérdida de clientes y afectación operativa directa.
En el contexto actual, la prevención es el único blindaje eficaz. Las empresas que operan en comercio exterior deben migrar de un enfoque reactivo a uno preventivo, mediante auditorías especializadas, controles normativos y acompañamiento legal técnico.
Hoy, una falla documental o fiscal puede escalar en cuestión de días desde una revisión administrativa a una carpeta de investigación penal.
Para mitigar estos riesgos, es imprescindible que las compañías aseguren:
- Coherencia y trazabilidad entre la documentación fiscal y aduanera.
- Clasificación arancelaria precisa y uso correcto de beneficios como IMMEX.
- Control técnico de Anexo 24, Anexo 30 y retorno de mercancías.
- Validación de proveedores y verificación de materialidad de operaciones.
- Controles internos que acrediten la legalidad de cada transacción.
En ST STRATEGO, contamos con más de 20 años de experiencia combinada en el sector público y privado, lo que nos permite ofrecer un enfoque técnico-jurídico de alto nivel, alineado con los criterios operativos reales de las autoridades fiscalizadoras.
Nuestro portafolio de servicios incluye:
- Defensa legal especializada en procedimientos fiscales, aduaneros y penales-tributarios.
- Asesoría y Defensa legal estratégica desde la atención de auditorías.
- Auditorías preventivas para detectar desviaciones normativas antes de que escalen.
- Implementación del modelo Compliance 360° Fiscal y Aduanero, que permite estructurar y acreditar el cumplimiento permanente de obligaciones ante SAT, ANAM y otras autoridades.
La reforma constitucional de diciembre de 2024 marca un antes y un después en la fiscalización en México. Hoy, cumplir ya no basta: es necesario documentarlo, demostrarlo y defenderlo con estándares técnicos y legales rigurosos.
En ST STRATEGO, ayudamos a empresas a blindar su operación, prevenir sanciones fiscales y penales, y mantener la continuidad de sus certificaciones y beneficios aduaneros.
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