El 31 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta medida, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, incluye delitos como el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, lo que tiene implicaciones significativas para las empresas involucradas en el comercio exterior.
Impacto en el Comercio Exterior
La inclusión de delitos fiscales y aduaneros en el catálogo de prisión preventiva oficiosa implica que los imputados por estos delitos serán privados de su libertad durante el proceso penal, sin posibilidad de medidas cautelares alternativas. Esto afecta directamente a empresas y agentes aduanales que, por errores o irregularidades en sus operaciones, podrían enfrentar consecuencias penales severas.
Además, la reforma prohíbe interpretaciones análogas o extensivas de la norma, obligando a su aplicación literal. Esto limita la capacidad de defensa de los imputados y aumenta el riesgo de detenciones arbitrarias, generando un clima de incertidumbre y desconfianza en el sector empresarial.
Importancia de las Auditorías Preventivas.
Ante este panorama, es crucial que las empresas implementen auditorías preventivas en materia fiscal y de comercio exterior. Estas auditorías permiten identificar y corregir posibles incumplimientos antes de que sean detectados por las autoridades, evitando así sanciones, multas o incluso la comisión de delitos fiscales.
La prevención no solo protege a la empresa de contingencias legales y financieras, sino que también contribuye a una cultura de cumplimiento que fortalece su reputación y relaciones comerciales.
Conclusión
La reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa representa un cambio significativo en el entorno legal para las empresas involucradas en el comercio exterior. Para adaptarse a este nuevo contexto y minimizar riesgos, es fundamental que las empresas fortalezcan sus procesos de cumplimiento y adopten medidas preventivas, como auditorías fiscales y aduaneras, que les permitan operar de manera segura y conforme a la ley.
La reciente reforma sobre prisión preventiva oficiosa representa un cambio profundo en el entorno legal para las empresas que realizan operaciones de comercio exterior en México. La inclusión de delitos fiscales y aduaneros dentro del catálogo de conductas que ameritan prisión automática sin juicio previo eleva sustancialmente el riesgo operativo, legal y reputacional para empresarios, representantes legales y responsables de cumplimiento.
En este nuevo escenario, la omisión o el error ya no sólo implica sanciones económicas, sino la posibilidad real de enfrentar consecuencias penales.
En ST Stratego, contamos con un equipo legal y técnico con experiencia en fiscalización y en el sector público, que ayuda a las empresas a implementar auditorías preventivas y fortalecer su blindaje jurídico-operativo.
Te acompañamos en la identificación de riesgos, la corrección de procesos, y la preparación ante eventuales auditorías fiscales o aduaneras.
Hoy más que nunca, la prevención no es una opción—es una necesidad estratégica.
Confía en quienes conocen el sistema desde dentro para proteger tu empresa desde fuera.