Nuestro cliente, una empresa legalmente constituida y autorizada para la venta al público de gasolina y diésel, enfrentó una verificación extraordinaria por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles. El procedimiento derivó en una sanción económica injustificada, tras presuntas irregularidades en el cumplimiento de diversas normas y disposiciones oficiales.
La autoridad argumentó el incumplimiento de:
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- La Ley Federal de Protección al Consumidor.
- La Ley de Infraestructura de la Calidad.
- Las NOM-005-SCFI-2017 y NOM-185-SCFI-2017.
Entre los señalamientos se incluían fisuras en mangueras de descarga y la falta de registros electrónicos en los instrumentos de medición, lo que llevó a la inmovilización de equipos.
Nuestra firma analizó a fondo la problemática y detectó múltiples vicios de legalidad en la actuación de la autoridad. En consecuencia, desplegamos una defensa legal integral en distintas etapas:
1. Solicitud inmediata de levantamiento de medida precautoria, logrando la desinmovilización de los instrumentos.
2. Promoción de recurso de revisión en sede administrativa, que desafortunadamente fue desestimado el 5 de enero de 2024.
3. Interposición de juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde argumentamos:
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- Falta de competencia de la autoridad emisora.
- Caducidad del procedimiento.
- Ilegalidad de las NOM aplicadas, por no haber sido emitidas conforme a derecho.
- Indebida fundamentación y motivación de la sanción; falta de encuadramiento de la conducta sancionada.
Resolución favorable definitiva a favor de nuestro cliente.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió el asunto a favor de nuestro cliente, declarando la nulidad lisa y llana de las resoluciones emitidas por PROFECO. Por lo que, se anuló completamente la multa impuesta, al reconocerse la ilegalidad de las normas oficiales utilizadas como fundamento.
Este caso refleja cómo una correcta estrategia jurídica, fundamentada y oportuna, puede revertir decisiones administrativas desproporcionadas y proteger los intereses comerciales y patrimoniales de las empresas, especialmente en sectores altamente regulados como el de los combustibles.
En ST Stratego, combinamos experiencia legal especializada en derecho administrativo y fiscal con un profundo entendimiento del entorno regulatorio que enfrentan nuestros clientes. Nuestra participación en casos complejos, como el aquí expuesto, demuestra nuestra capacidad para diseñar soluciones legales integrales y actuar con precisión ante procedimientos que pueden afectar la operatividad y estabilidad financiera de una organización.
Casos como este reafirman nuestro compromiso con la excelencia jurídica, la defensa estratégica de nuestros clientes y el cumplimiento eficaz del marco normativo. La confianza que empresas del sector energético depositan en nosotros es resultado de un trabajo sólido, técnico y enfocado en generar resultados reales.
Si su empresa enfrenta una situación similar o busca prevenir riesgos regulatorios, contar con una asesoría especializada puede marcar la diferencia entre una contingencia y una solución exitosa.
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