El día 7 de agosto de 2025, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), publico un proyecto recibido que trabajaron en coordinación las secretarías de Economía y Agricultura y Desarrollo Rural, sobre un acuerdo de gran trascendencia para el sector agrícola y el comercio exterior mexicano: el establecimiento de precios mínimos de exportación para el tomate fresco. Esta medida, que entraria en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, responde a un contexto complejo marcado por la terminación del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos, un mercado clave que absorbe más del 80% de las exportaciones de este producto desde México.
Tras más de dos décadas de estabilidad comercial bajo dicho acuerdo, su retiro por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos el 14 de julio de 2025 reactivó una orden antidumping que ahora sujeta a los exportadores mexicanos a cuotas compensatorias, amenazando la competitividad del sector y generando incertidumbre entre los productores. Ante este escenario, el gobierno mexicano ha optado por una estrategia de defensa activa del mercado interno y de la planta productiva nacional, implementando un mecanismo de precios mínimos que no busca restringir volúmenes, sino evitar la subvaluación extrema de las exportaciones, que podría distorsionar los mercados, socavar los costos de producción y, en última instancia, comprometer la viabilidad del cultivo en el mediano plazo.
La medida se sustenta en la Ley de Comercio Exterior y tiene como objetivo central mantener un orden en el comercio exterior del tomate fresco, proteger el empleo en zonas rurales altamente dependientes de este cultivo y garantizar el abasto nacional, evitando que una sobreoferta en el mercado estadounidense por precios artificialmente bajos desincentive la producción local y provoque alzas en los precios internos. El acuerdo establece precios mínimos diferenciados por variedad, expresados en dólares por kilogramo, con un valor base de 0.88 dólares para el tomate Roma, 0.95 para el tomate bola y hasta 1.70 dólares para variedades como cherry, grape, Campari, Kumato y otras especializadas, muchas de las cuales se comercializan en racimo o con valor agregado.
Esta diferenciación reconoce la diversidad de la producción mexicana y busca proteger especialmente a los productores que invierten en cultivos de mayor calidad y valor. La implementación de esta política no es una medida aislada, sino que se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que prioriza el fortalecimiento del contenido nacional en las exportaciones y la protección del campo mexicano como pilar de la seguridad alimentaria y el desarrollo social. El gobierno reconoce que una caída abrupta en los ingresos por exportación podría forzar a muchos productores a abandonar el cultivo, lo que derivaría en una reconversión de tierras, una reducción de la oferta doméstica y, paradójicamente, en un aumento de los precios para el consumidor mexicano. Además, el impacto social sería profundo: la agricultura es una de las principales fuentes de empleo en comunidades rurales con bajos niveles de escolaridad y escasas alternativas laborales.
El abandono del campo no solo afecta la economía, sino que también puede contribuir al fenómeno de la migración forzada y a la inestabilidad social en regiones vulnerables. Por ello, la medida trasciende lo económico y se posiciona como una herramienta de política pública para la estabilidad social y la justicia productiva. La autoridad ha previsto un mecanismo de revisión anual de los precios mínimos, a cargo de las secretarías de Agricultura y Economía, para ajustarlos conforme a los costos de producción, la inflación y las condiciones del mercado internacional, asegurando así que la medida permanezca vigente, justa y efectiva.
En esencia, esta propuesta representa un equilibrio delicado entre la apertura comercial y la protección estratégica de un sector vital, buscando no solo mantener la competitividad de México en el mercado global, sino también preservar la capacidad del país para alimentar a su propia población con productos nacionales de calidad, producidos por miles de familias que dependen del tomate como medio de vida.
Fuente: COFEMER
https://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/59189
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