La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió el 2 de octubre de 2026 el Comunicado número 80, en el cual se informa que el proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para los sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables se llevará a cabo durante el ejercicio fiscal 2027. Esta determinación responde a la necesidad de brindar certeza jurídica a los participantes y garantizar que la evaluación se realice bajo el marco normativo actualizado, evitando así la aplicación de criterios que podrían quedar obsoletos por las recientes modificaciones legislativas. La decisión se fundamenta en lo establecido por el artículo 34 Bis de las reglas de carácter general, que permite ajustar los calendarios de certificación conforme a las disposiciones vigentes.
El contexto regulatorio que motiva este aplazamiento incluye la publicación del Acuerdo 115/2026 en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2026, el cual modifica las reglas generales derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Dichas modificaciones entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026, salvo excepciones específicas. Adicionalmente, el 24 de septiembre de 2026 se publicaron las resoluciones que actualizan los formatos oficiales para el alta, registro, presentación de Avisos e Informes, elementos esenciales para la operación correcta de los sujetos obligados. Por consiguiente, se ha determinado no realizar el proceso de certificación durante 2026 para permitir una adecuada asimilación de estos nuevos requerimientos administrativos y legales.
Para el ciclo de certificación de 2027, la UIF ha comprometido la emisión de una convocatoria que incluirá un periodo suficiente de preparación para las personas interesadas. Este plazo estará diseñado para facilitar el conocimiento detallado de las nuevas disposiciones aplicables, así como para proporcionar acceso al temario oficial y a los instrumentos de estudio necesarios antes de la evaluación correspondiente. Con esta medida, la autoridad busca asegurar que los sujetos obligados cuenten con las herramientas y el conocimiento actualizado para cumplir eficazmente con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, alineándose con los estándares internacionales y la normativa nacional vigente.
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-80
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