El 7 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Comunicado No. 65 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual se da a conocer la emisión de las nuevas Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta publicación deriva de la implementación de las reformas a la Ley y a su Reglamento, aprobadas en 2025 y 2026, respectivamente, con el objetivo de consolidar el régimen preventivo nacional en materia de lavado de dinero.
Las nuevas Reglas de Carácter General tienen como propósito desarrollar las disposiciones legislativas, establecer criterios técnicos para su aplicación y precisar las obligaciones de los sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables. Asimismo, delimitan las atribuciones de las autoridades responsables de su supervisión y verificación, buscando garantizar mayor certeza jurídica y una aplicación homogénea de la normativa en todo el territorio nacional.
El cambio estructural más significativo en esta actualización es la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector del cumplimiento normativo. Bajo este modelo, los sujetos obligados deberán implementar metodologías técnicas para identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados a múltiples variables, incluyendo:
- Clientes o usuarios.
- Operaciones, productos y servicios.
- Canales de operación.
- Zonas geográficas.
Este enfoque permitirá una gestión de riesgos más eficiente y una identificación más precisa de operaciones que pudieran estar vinculadas con recursos de procedencia ilícita. De manera congruente, la SHCP ejercerá sus atribuciones de supervisión y verificación también bajo un EBR, focalizando sus recursos en los sectores con mayor exposición al riesgo.
La normativa publicada en el DOF refuerza los mecanismos técnicos de control interno, se endurecen y precisan las medidas de conocimiento del cliente (KYC), los protocolos para la identificación del beneficiario controlador y el monitoreo de las Personas Políticamente Expuestas (PEP). Adicionalmente, se actualizan los requisitos para la conservación de información y la presentación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Un elemento técnico destacable es la introducción de un modelo de cumplimiento proporcional. Este esquema establece que las obligaciones preventivas y las acciones de supervisión se calibrarán en función del nivel de riesgo inherente a cada Actividad Vulnerable. Esta medida busca optimizar los recursos de cumplimiento, facilitar la implementación de controles adaptados a las dimensiones de cada sector y evitar cargas administrativas desproporcionadas.
Con el fin de asegurar una transición ordenada, la entrada en vigor de las nuevas disposiciones se realizará de manera gradual. Este periodo de implementación permitirá a los sujetos obligados actualizar sus manuales de cumplimiento, modificar sus procesos internos y desarrollar las capacidades tecnológicas y operativas requeridas por el nuevo marco regulatorio.
Con esta publicación, la Secretaría de Hacienda refrenda su alineación con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fortaleciendo la integridad del sistema financiero y los mecanismos de combate al lavado de dinero en México.
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Fuente: Servicio de Administración Tributaria
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-65
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